A una semana de que arranque la campaña para la elección de jueces, magistrados y ministros -proceso que culminará el 1 de junio-, hay 11 de tres mil 422 candidatos detectados de quienes existe poca confiabilidad para rastrear sus datos de fiscalización, principalmente, dado que el proceso de selección de los aspirantes estuvo a cargo del Senado.
El órgano legislativo hizo la selección a través de tres comités, de acuerdo con los reportes de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), para verificar y transparentar estos perfiles que participan en la inédita e histórica contienda en México.
En seguimiento a esas actividades se advierte que las inconsistencias se identifican en 11 personas que se inscribieron dentro del Comité de Selección a cargo del propio Poder Judicial de la Federación
El pasado 12 de febrero, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, entregó las listas de los candidatos seleccionados por tres comités conformados por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el más importante, sin duda, el Judicial, todos encargados de recibir la documentación de los perfiles que se inscribieron al proceso electoral que arrancó un mes después de que la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador entrara en vigor, el 15 de septiembre de 2024.
En ese camino, 11 candidaturas llegarán a las boletas electorales bajo opacidad de cómo van a financiar sus campañas a partir del próximo 30 de marzo.
El reporte del INE advierte que las inconsistencias que presentan las 11 candidaturas se ahondaron tras la renuncia de los cinco integrantes del Comité Judicial, ocurrida en enero pasado, dejando trunco el proceso y generando un vacío de información.
“Esto convirtió al Senado en el primer responsable de lidiar con las inconsistencias, antes de que el INE tomara el control y corrigiera los errores, particularmente en los datos provenientes del Poder Judicial, donde hubo omisiones clave como nombres completos, especialidades y datos personales fundamentales para la fiscalización”, se lee en el reporte.
Pese a una labor limitada en presupuesto ante la histórica y compleja elección de cargos populares en la que México y sus ciudadanos se juegan el destino de la mayor demanda perenne, que es el acceso a la justica, el INE trazó una ruta para transparentar los perfiles de las y los candidatos al PJF, pero enfatiza: “El árbitro electoral deja en claro que a diferencia de otros procesos, el registro de candidaturas no estuvo a cargo del INE, sino del Senado, una institución sin experiencia en la administración de postulaciones electorales”.
Una de las obligaciones del órgano electoral era comprobar toda la información relacionada con los aspirantes para garantizar certeza a la ciudadanía.